En diciembre de 2006 nace la conocida como “Ley de la Dependencia” respaldada por el PSOE y con un amplio apoyo de los partidos políticos del Congreso de los Diputados. Esta Ley nace con muchas esperanzas por su importancia y valor, además de ser considerada un pilar más del Estado del Bienestar. Sin embargo, en Canarias, pronto se evidenció la falta de compromiso con la misma.

La implementación de la ley en el archipiélago se retrasó cinco meses. El personal carecía de espacio físico para trabajar y no disponía de los recursos necesarios. Desde el principio, había déficit de personal, ya que la Consejería no incluyó en su plantilla a los trabajadores sociales encargados de la segunda fase del procedimiento, conocida como el Programa Individualizado de Atención (PIA), delegándola en los Ayuntamientos sin acuerdo ni asignación presupuestaria.

Así comenzó el camino de esta ley tan innovadora y necesaria, con empleados contratados inicialmente por ocho meses, cuyos contratos se fueron prorrogando hasta casi 17 años después. Más del 90% de la plantilla se encontraba en situación de abuso de temporalidad, lo que ha significado un verdadero maltrato institucional tanto para las personas dependientes como para el personal del servicio.

Se podrían mencionar las malas decisiones de los diferentes partidos políticos que gobernaron, como los recortes presupuestarios en 2012, la suspensión del convenio con la seguridad social para los cuidadores familiares y la desviación del personal con perfil social al área del PIA durante más de seis años, lo que resultó que durante ese tiempo tan solo se contara con 15 profesionales valoradores para atender la demanda de toda la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por otro lado, se podría destacar la labor encomiable de los profesionales del área durante estos casi 17 años, quienes han trabajado por verdadera vocación de servicio público y compromiso social, enfrentándose a desafíos como la falta de recursos, las pésimas decisiones políticas y la burocracia.

Sin embargo, es lamentable ver cómo la Dependencia se convierte en un arma política en el Parlamento, utilizada para criticar la gestión del gobierno de turno, a pesar de que todos son conscientes de la situación en la Dirección General de Dependencia. Es necesario un pacto entre todos los grupos parlamentarios para aumentar la inversión y mejorar el catálogo de servicios y prestaciones vinculadas a esta ley.

Pero ¿que ésta pasando en la actualidad? No dejamos de leer noticias sobre la actual gestión en la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias denunciada por los trabajadores y trabajadoras, confirmado también a través de Observatorio de la Dependencia y a través del informe anual del Diputado del Común D. Rafael Yanes, que vuelve a poner de manifiesto las múltiples denuncias ciudadanas recibidas en relación a esta área.

Además, no dejan de proliferar noticias sobre mayores que fallecen sin recibir atención, denuncias sobre los “cuidados” que se prestan en centros de mayores críticas sobre los modelos asistenciales en macro centros residenciales que están muy alejados de lo que “venden” durante las campañas políticas etc. Ahora, además, se suman las denuncias por la externalización y lo que parece ser un desmantelamiento de este servicio público a través de decisiones improvisadas y unilaterales, sin un estudio previo de la viabilidad de las acciones puestas en marcha ni una evaluación de las mismas, lo que perjudica una vez más a las personas dependientes. Es necesario asumir la responsabilidad y tomar medidas para mejorar la situación, priorizando la atención a quienes más lo necesitan en lugar de intereses políticos o económicos.

Las preguntas que nos surgen son:

¿Quién va a asumir la responsabilidad si la financiación estatal disminuye?

¿Cuántas personas más deben morir esperando ser atendidos para que se invierta y se desarrolle desde lo PÚBLICO en esta Ley?

¿Hasta cuándo podremos tolerar esta situación? Es necesario un cambio real en las políticas, enfocándose en el bienestar de la ciudadanía y no en intereses partidistas o económicos.

¿Cuánto más podremos soportar las políticas de falsos nacionalistas y falsos progresistas? que sólo llevan a los y las canarias a los más altos índices de pobreza, de fracaso escolar, de paro estructural y juvenil y que piensan en el turismo y el ecopostureo o en la inversión en macroproyectos de energías renovables no sostenibles en detrimento de la soberanía alimentaria tan necesaria para un territorio archipielágico, tal y como nos demostró la pandemia por Covid.

¡Hasta cuándo!

SECRETARIADO DE INTERVENCIÓN SOCIAL TERRITORIO Y MIGRACIÓN

INTERSINDICAL CANARIA